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Sede de la compañía en Belmont, California (EE.UU.) - REUTE

El Distrito le declaró incumplimiento a la empresa Coobús, una de las dos que agrupa a los pequeños transportadores.

Según la Administración, esta decisión empieza a destrabar los inconvenientes que han retrasado la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), que hoy tiene varado el 40 por ciento de las rutas.

Coobús está a cargo de las rutas que operan en Fontibón.

02.05.2016 – 09:47 H.
El gobernador Alejandro García Padilla ha anunciado que Puerto Rico no pagará los 422 millones de dólares en deuda que vencía este domingo, lo que supondrá el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década.

"Ha sido una decisión muy difícil y doloroso, que francamente hubiese preferido no tomar", pero "la crisis humanitaria se hace cada día más profunda", explicó García Padilla en un mensaje público, en el que acusó a Estados Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado.

9.04.2016 – 05:00 H. - ACTUALIZADO: 29.04.2016 - 19:03H.
Isolux se ha convertido en otro dolor de cabeza para sus accionistas financieros, la mayoría postizos, y sus acreedores, los cuales van a perder la mayoría del dinero invertido y prestado. Tras la información adelantada por El Confidencial el pasado miércoles sobre el rescate al que será sometido el grupo de infraestructuras, el valor de sus bonos se han hundido un 30% en dos días, hasta cotizar a poco más de 15 céntimos por cada 100 prestados, mientras que los seguros de impago para proteger la inversión se han disparado hasta máximos históricos.

Mario Vera sufrió un accidente 1999 que le dejó secuelas permanentes. Producto de la indemnización, la justicia le reconoció en 2013 un crédito verificado como quirografario pero, en base al grave estado de su salud, reclamó que se encontraba entre los acreedores privilegiados, y que se realizaran las reservas necesarias. La Cámara Comercial siguió el criterio de la fiscal general Gabriela Boquín, quien había dictaminado que la solución se enmarcaba en una interpretación “integrativa” de la normativa laboral y los tratados internacionales.